EN DEFENSA
DE LA ARQUITECTURA
(CAPITULO
ARGENTINO).
La arquitectura de nuestro país
esta viviendo momentos de crisis motivados por
diversas causas, entre las que se
encuentran:
* Una clara devaluación, respecto
a la apreciación de la arquitectura y del papel del
arquitecto, por parte del sector
privado y de las administraciones publicas.
* El abandono por parte de los mismos
profesionales y de sus órganos colegiales,
en ocasiones, de sus objetivos sociales
y culturales.
* E, impregnándolo todo, la
visión economista ultra- liberal y competitiva que
preside irracionalmente toda actividad
productiva, y que se aplica también al campo
de la creación arquitectónica,
dejando fuera cualquier otra consideración.
Todo esto es muy grave porque la arquitectura
es algo más que la simple edificación
y algo más que un producto
de la promoción inmobiliaria. La arquitectura es la
respuesta adecuada a unas demandas
sociales básicas generadas por todo aquello
que configura el hábitat humano.
El arquitecto, como especialista en la creación de
formas útiles, tiene un papel
substancial en la conformación de la ciudad y del territorio.
Y, de la buena o mala resolución
de su trabajo se deriva una mejora o un
detrimento del bienestar colectivo.
Esta crisis, que condiciona completamente
las cuestiones de contenido
arquitectónico, es debida
sobretodo al hecho que los determinantes políticos
y coyunturales están configurando
a un marco en el que hacer arquitectura, en
condiciones profesionales dignas,
resulta prácticamente imposible.
Delante de esto, queremos denunciar
la inadecuada respuesta política y legislativa
enfrente de la complejidad creciente
del proceso constructivo, de los cambios en
el mercado inmobiliario y del nuevo
marco profesional que comporta la integración
latinoamericana y mundial hacia la
que tendríamos que tender, a pesar del retraso
considerable en el que nos encontramos
respecto a algunos otros países.
Nos preocupa el distanciamiento creciente
de las instituciones de cara a la
arquitectura, avalado por la prevalencia
excluyente de los criterios contables sobre
los cualitativos, y que se traduce
en un soporte a la mediocridad y la huida de
cualquier apuesta por la calidad,
así como en la cada vez más regresiva regulación
de la política urbanística
y la tímida y poco imaginativa política de viviendas.
El inadecuado sistema de concursos,
pensados con lógica empresarial, a la baja,
como si la arquitectura fuese más
un problema de aprovisionamiento que de
calidad: concursos de curriculum,
injustos porque cierran de entrada el paso a
jóvenes profesionales; concursos
por invitación sin ninguna retribución económica;
concursos en que no se garantizan
la calidad arquitectónica por la composición de
los jurados.
Denunciamos el incremento de controles
que retardan todas las actuaciones públicas
y encarecen los resultados, fruto
del aumento incontrolado de la maquinaria
funcionarial, con la reciente aparición
de sociedades intermediarias y con una
burocratización desmesurada,
que convierte la firma de cualquier contrato, la
participación en un contrato
o la tramitación documental de cualquier expediente de
la obra en una larga, reiterativa,
incoherente y carísima colección de certificados,
avales, seguros y papeles de toda
clase.
Lamentamos, en definitiva, que no
se haya entendido que la arquitectura es un
trabajo intelectual, que va desde
las condiciones del encargo hasta la necesaria
continuidad y coherencia que ha de
existir desde el inicio del proyecto hasta el final de
la ejecución de la obra. Cualquier
distorsión y rompimiento de este proceso va contra
la calidad del resultado final, la
obra construida y, por tanto, su aportación a la sociedad.
Por todo esto,
REIVINDICAMOS
Un reconocimiento de la arquitectura
como en hecho cultural y de servicio a la
sociedad;
Una reestructuración racional
del sector de la construcción que comporte la
redefinición del papel de
los diferentes agentes, la coordinación de especialidades,
la clarificación de competencias,
la delimitación de responsabilidades y la racionalización
y simplificación de la normativa;
Un replanteamiento de la política
de concursos;
Una política del suelo estructurada
y no especulativa.
Una política de la vivienda
creativa, eficaz y solidaria.
Y en consecuencia,
PEDIMOS
Para hacer efectivas estas reivindicaciones
la implicación total de las
administraciones públicas
y de las organizaciones cívicas, profesionales y
empresariales.
La urgencia de estos objetivos pide
un compromiso político que comporta un
cambio de actitud y una reforma consensuada
del marco legislativo vigente.
Buenos Aires, Octubre 2000